Pradales afirma que "perseguirá a los jetas" que cobran la RGI pero advierte que no se puede vincular su cobro con el trabajo

El Mundo · Josean Izarra ·

El presidente del PP vasco Javier de Andrés ha reclamado hoy un "cambio integral de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI)" en plena precampaña electoral y después de...

El presidente del PP vasco Javier de Andrés ha reclamado hoy un "cambio integral de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI)" en plena precampaña electoral y después de la visita a Euskadi del alcalde de Badalona Xavier García Albiol. Un transformación del sistema de ayudas sociales planteada a partir de la alarma social que ha generado el cobro de hasta 2.450 euros al mes por una pareja con seis hijos en Vitoria y por la detención de dos narcotraficantes que habrían cobrado 168.000 euros en ayudas sociales. "Vamos a perseguir al jeta; al que quiera vivir del cuento", ha respondido el lehendakari Imanol Pradales que rechaza vincular estas ayudas sociales de la obligación de encontrar empleo por sus perceptores.

El PP vasco ha focalizado el reinicio de la precampaña vasca tras el accidente de Urda en los problemas de la "inmigración descontrolada", como ha recordado el alcalde de Badalona Xavier García Albiol durante su presencia en Euskadi. El presidente del PP vasco Javier de Andrés ha obligado al lehendakari Imanol Pradales a posicionarse sobre la idea generada por las últimas polémicas de que los perceptores de la RGI cobran más que los trabajadores que aportan sus impuestos para financiarlas. De Andrés ha calificado de "injusto" tanto que trabajadores que pagan sus impuestos ganen menos que los perceptores de la RGI -apoyándose en la ayuda de los 2.450 euros- y también que sea una "renta vitalicia" que no obliga a quien la percibe a acelerar su empleabilidad.

El presidente del PP vasco ha incidido en los últimos meses en los déficits de gestión y de control en fondos que superan los 410 millones de euros anuales al unir tanto al RGI como la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV). El Departamento de Empleo ha reconocido un total de 38 millones de euros de pagos indebidos de ayudas sociales han prescrito que formaban parte de 18.601 expedientes entre los años 2022 y 2026. El vicelehendakari Mikel Torres intentó trasladar un compromiso de lucha contra el fraude -que es una parte de los cobros indebidos atribuibles a fallos de coordinación administrativa- que puso en marcha un buzón antifraude del que no se han aportado datos.

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