Un grupo de parapentistas fuerza en los tribunales la demolición de un chalé con 11 dormitorios en la mejor atalaya de Zarautz
El País · Mikel Ormazabal ·
El Supremo mantiene la orden de derribo de una privilegiada edificación que ha construido la familia de una exedil del PNV
El Supremo mantiene la orden de derribo de una privilegiada edificación que ha construido la familia de una exedil del PNV
En una de las mejores atalayas que permiten divisar la costa de Orio y de Zarautz (Gipuzkoa), en lo alto de Talaimendi (monte vigía, en euskera), se alza una ostentosa edificación con 11 dormitorios y otros tantos baños en medio de una pradera y con vistas privilegiadas al Cantábrico. El chalé lo ha construido una familia de Zarautz, la madre y sus 10 hijos, entre los que figura la exedil del PNV en esta localidad, Maite Garrastazu. La moderna construcción venía a sustituir un viejo caserío familiar que había quedado en estado ruinoso. Está ubicado en un suelo no urbanizable de especial protección y calificado como corredor ecológico. Los tribunales, tras una denuncia presentada por parapentistas, han declarado ilegales las licencias municipales que se concedieron y ordenaron en enero de 2025 “la demolición de las obras” porque contraviene el régimen de reconstrucción de caseríos previsto en la ley vasca de suelo. El Tribunal Supremo, en una providencia del pasado 8 de julio, ha rechazado los recursos de la propiedad y deja ahora la vía libre para que se proceda a “la reposición de los terrenos al estado anterior a dichas obras”.
El último pronunciamiento del alto tribunal podría ser la antesala del desmontaje completo de una vivienda que ocupa un espacio que antes solían frecuentar los parapentistas para el despegue y aterrizaje de sus vuelos y numerosos senderistas que en la actualidad tienen cerrado el paso por un vallado que cerca la edificación, ubicada en el término municipal de Aia, aunque muy alejada de su núcleo y más próxima a Orio y Zarautz. La orden definitiva ratificada por el Supremo está pendiente de que el caso se dirima definitivamente en el Superior vasco, que hace dos años declaró ilegal la construcción. La familia ha presentado un recurso ante la Sala de Casaciones de este tribunal autonómico, cuya decisión se conocerá previsiblemente antes de finalizar el año. Los magistrados deben resolver si se ha incumplido el artículo 30 de la ley vasca de suelo, que establece restricciones a la reconstrucción de caseríos en áreas protegidas.