Desaire sindical tras ocho años de sumisión
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Embarcada en su campaña para dirigir la Organización Internacional del Trabajo y a las puertas del 29-N, la pretensión de Yolanda Díaz de subir el salario mínimo por encima de...
Embarcada en su campaña para dirigir la Organización Internacional del Trabajo y a las puertas del 29-N, la pretensión de Yolanda Díaz de subir el salario mínimo por encima de lo esperado y de la mano de UGT y CCOO es la última prueba de la instrumentalización partidista de los sindicatos a la que ambos se han plegado desde 2018. Esta vez, la vicepresidenta se ha topado con la negativa de las dos centrales, que no quieren facilitarle ahora esa fotografía, además de exigir más cesiones. Pero solo la cautela táctica explica esta decisión tras ocho años actuando como una extensión del Ejecutivo y con la huelga general del 11 de noviembre en el horizonte.
Si Díaz pretende utilizar a UGT y CCOO en su beneficio es porque ambos sindicatos se han distinguido por su servilismo al Gobierno. Prueba de ello es la huelga general, un paro de carácter ideológico convocado según los intereses de La Moncloa, a rebufo del caso Maricarmen, para movilizar a la izquierda contra la oposición y soslayar el fiasco del Ejecutivo en vivienda, que se comprueba día tras día. Un mes después de la entrada en vigor de los polémicos decretos -cuyo rechazo en el Congreso motivó el adelanto electoral-, Idealista estima que los anuncios de alquiler se han desplomado un 19%. Ha ocurrido lo previsto: esta normativa, pendiente de su anómala convalidación en la Diputación Permanente, solo añade más incertidumbre entre los propietarios.
La ministra de Trabajo plantea elevar el SMI un 5,3%, por encima de la recomendación del comité de expertos. La mejora de las rentas más bajas es un objetivo legítimo, pero una decisión de este calado -que impacta sobre los costes laborales- no puede emplearse como un ariete electoral. Menos aún después de que Díaz, en un obsceno abuso de sus atribuciones, haya admitido que utiliza su agenda institucional para su carrera en la OIT. España necesita a ministros que no antepongan sus intereses personales al interés general, y a unos sindicatos con la independencia y la credibilidad necesarias para ejercer su papel constitucional como agentes sociales.
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